El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Consumo, ha aprobado el anteproyecto de ley para regular los servicios de atención a la clientela de las empresas, que limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios de información, reclamación y posventa. La ley, tal y como ha detallado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo, reduce también de treinta a quince días hábiles el tiempo máximo para resolver las reclamaciones generales .La ley prevé multas de hasta 100.000 euros en caso de incumplimiento por parte de las empresas. Como dijo Garzón, el objetivo es terminar con los «quebraderos de cabeza de las familias» que deben sortear «laberintos administrativos que impiden un buen trato en los servicios de atención”. “Conllevan un gasto de energía, de dinero y de tiempo, que suponen la renuncia efectiva de ejercer el derecho de atención al cliente”, dijo.
Otra novedad de la norma es que los usuarios podrán pedir ser atendidos por una persona con formación especializada, independientemente de que la comunicación se haya iniciado a través de contestadores automáticos o sistemas robotizados.
Formación especializada
Multas de 100.000 euros
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