La corrupción sale cara. La Comunidad de Madrid ha destinado millones de euros públicos para pagar abogados que defienden a un grupo de empresarios acusados de “enriquecimiento ilícito” por parte de la Justicia colombiana. Los hechos ocurrieron en una de las filiales del Canal de Isabel II en el extranjero llamada Triple A que acabó siendo “expropiada” por el Gobierno de Iván Duque. Y es que aún hay temas por atar, por ejemplo, donde fue a parar la recaudación del 4,5% de los ingresos estipulados en el contrato de asistencia técnica. “Es un tema que sigue en proceso judicial”, responden con evasivas desde el Canal de Isabel II a MONCLOA.com mientras ese dinero sigue el paradero desconocido.
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