Just Eat desafía a la Generalitat pese a la sanción de 187.515 euros por la cesión ilegal de trabajadores. La compañía de reparto fue multada por la Inspección de Trabajo en abril, pero el Ejecutivo catalán ha tenido que reafirmarla al superar una cuantía de 150.000 euros. La ratificación de la multa agota así la vía administrativa y serán los tribunales, según ha afirmado Patrik Bergareche, consejero delegado de Just Eat, quienes decidan ahora si este modelo de negocio, que esquiva la ‘ley rider’, podrá mantenerse en el tiempo.
El caso de Just Eat se centra en la cesión ilegal de 183 repartidores y también hay un acta sobre la empresa subcontratista Fleet Delivery Solutions, que ofrecía la mano de obra de forma ilegal, y que tendrá que enfrentarse a una multa de más de 62.500 euros. Estos empleados subcontratados por Just Eat percibían un sueldo inferior al que les correspondería si fueran contratados por la compañía y se les aplicaba un convenio colectivo inferior al que pertenecían realmente. En concreto, Fleet Delivery Solutions aplica el convenio de mensajería general, mientras que Just Eat ofrece el de oficinas y despachos.
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