El año 2022 sigue siendo difícil para las VTC. Tras el golpe que Uber encajo cuando el diario The Guardian publicó los ya controvertidos ‘Uber Files’, en España han tenido que afrontar como la mayoría del país los ha dejado sin regulación para trabajar en condiciones normales con el fin del ‘Decreto Ábalos’ y algunas comunidades autónomas, como Cataluña, han regulado con el objetivo de sacarlas del mercado.
Ahora tienen que enfrentar a Mark MacGann, el empresario que filtró los documentos secretos de Uber a la prensa británica y que se ha unido a los taxistas para pedir cambios en bruselas. En su extenso testimonio frente al parlamento europeo, el ex directivo de la empresa aseguró que para evitar los abusos de empresas como Uber, Cabify o Bolt sería necesaria una ley modelada alrededor de la ‘Ley Rider’ española, que les obligara a contratar directamente a sus conductores.
Esto rompería el modelo de negocio de estas empresas que se presentan como un intermediario entre conductores autónomos, o en cualquier caso empresas como Auro o Vecttor, y el público. Les obligaría, por tanto, a hacerse responsables directamente de sus conductores y no depender de ‘falsos autónomos’ como es el caso hasta ahora de buena parte de los involucrados.
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